La Asamblea Legislativa removió de su cargo al fiscal Alejandro Rodríguez por mal desempeño. El caso de una joven que denunció abuso intrafamiliar y vio prescribir su causa tras 13 años fue el punto de quiebre, lo que evidencia la inacción judicial frente a delitos tan graves como estos.
La denuncia que motivó la destitución fue presentada por una joven que, a los 13 años, fue violada por su tío y tuvo una hija como resultado del abuso. Pese a las pruebas, incluidos análisis genéticos que confirmaban la paternidad del acusado, la causa jamás fue elevada a juicio y prescribió tras más de una década de inacción. El acusado nunca fue condenado.
Este no fue un hecho aislado. El informe del auditor general Leandro Mai detalló múltiples causas que quedaron sin resolución por dilaciones injustificadas, entre ellas tres por abuso sexual y una por un homicidio múltiple. En todos los casos, el denominador común fue la pasividad del fiscal Rodríguez, cuya conducta perjudicó de manera directa a las víctimas y vulneró gravemente sus derechos.
Además de la destitución, Rodríguez fue sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier edificio del Ministerio Público de la Acusación por diez años.
Un llamado a la acción frente a los abusos sexuales en el norte provincial
Más allá de la remoción del fiscal, legisladores como Lionella Cattalini advirtieron sobre la gravedad de la situación en el norte santafesino. “Hay que poner especial atención en lo que está ocurriendo en esa circunscripción judicial. No podemos naturalizar la cantidad de abusos sexuales, especialmente intrafamiliares, que se registran allí”, declaró.
La diputada insistió en que no basta con sancionar individualmente a un funcionario: es imprescindible avanzar hacia una intervención integral del Estado. Esto incluye el fortalecimiento de las fiscalías locales, la formación especializada en perspectiva de género y derechos de la infancia, y el acompañamiento adecuado a las víctimas.
El caso también reabrió el debate sobre la responsabilidad institucional en la protección de los sectores más vulnerables. En zonas donde la pobreza, el aislamiento y el silencio predominan, las demoras o inacciones judiciales no solo perpetúan la impunidad, sino que exponen a las víctimas a nuevas formas de revictimización.