La PDI detuvo a dos hombres —Roberto Carlos Muzzin (50) y Lucio Isidro Cipré (69)— luego de una denuncia radicada por la madre de una adolescente de 14 años, quien aseguró que su hija relató haber sido víctima de abuso sexual por parte de ambos.
La intervención se realizó el domingo 22 de marzo por orden del fiscal Valentín Hereñu, en el marco de una causa que ya cuenta con un teléfono celular secuestrado y distintas medidas en curso. Ambos quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia.
La situación generó especial atención porque uno de los detenidos, Lucio Cipré —exdirector de la Escuela Primaria Nº 1.296 “Máximo Vicentín”— ya había sido denunciado años atrás por hechos similares, causa que llegó a juicio y cuya condena terminó anulada por la Corte Suprema provincial en 2021.
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Antecedentes de Cipré: un historial judicial que volvió a quedar bajo la lupa
El caso resonó especialmente porque Lucio Cipré ya había sido investigado y llevado a juicio años atrás por el mismo delito que el actual y que tenía como víctimas a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Aquella causa se originó en 2015 y fue elevada a juicio en 2019, cuando el fiscal Rubén Martínez lo acusó por múltiples episodios de corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y tenencia ilegal de un arma de fuego.
Durante la investigación se secuestraron varios teléfonos celulares del entonces docente —ocho en total—, lo que para los investigadores evidenciaba intentos de eludir el seguimiento judicial.
En ese proceso también se analizó su vínculo con chicas internadas en el Hogar Doña Pina, a quienes se acercaba a través de sus hijas y mediante contactos telefónicos y redes sociales.
Según los organismos que intervinieron, Cipré aprovechaba situaciones familiares complejas para establecer una relación de dependencia con las menores.
Cabe destacar que en ese entonces se desempeñaba como director de la escuela primaria «Máximo Vicentín», de barrio Padre Celso. En simultáneo al proceso judicial, se jubiló como docente.
El juicio se anuló por «irregularidades»
El juicio oral se desarrolló en junio de 2019 y concluyó con una condena de cuatro años de prisión por promoción de la corrupción de menores. La Cámara Penal de Apelaciones confirmó el fallo en 2020, subrayando la vulnerabilidad de la principal víctima, quien atravesaba un contexto difícil y tenía además una discapacidad leve.
Para los jueces, Cipré se valió de esta situación para influir sobre ella, insistir en el contacto y sostener un vínculo que afectó su desarrollo. Si bien la Fiscalía había pedido una pena más alta, el monto finalmente no fue apelado. En noviembre de 2020 fue detenido para cumplir la condena.
Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó sin efecto la condena de cuatro años que pesaba sobre Lucio Cipré y ordenó realizar un nuevo juicio, no por considerar que los hechos no hubieran ocurrido, sino por entender que el proceso original tenía falencias en la valoración de las pruebas y en la fundamentación del fallo.
La Corte observó que la sentencia de primera instancia no explicaba adecuadamente cómo cada elemento probatorio respaldaba los hechos atribuidos, lo que debilitaba su validez jurídica. Señaló además que, tratándose de una causa compleja y atravesada por la vulnerabilidad de la adolescente involucrada, era indispensable un análisis mucho más riguroso.
Un punto central del debate fue la declaración de la víctima, quien al momento del juicio ya era mayor de edad y, según la defensa, se encontraba en condiciones de afirmar si el imputado había ejercido acciones abusivas.
Ella sostuvo que Cipré “siempre la respetó” y que había sido la única persona que se interesó por ella cuando necesitaba ayuda. La Corte recordó que la palabra de la víctima es fundamental en investigaciones por delitos contra la integridad sexual.
Sin embargo, al momento de revisar la condena por promoción de la corrupción de menores, los jueces le dieron especial peso al testimonio de la licenciada Gisela Galfrascoli, quien había tomado declaración a la adolescente en sede policial.
Allí, la joven había dicho que mantenía una relación de “novios” con Cipré y reconoció encuentros íntimos en el auto mientras estaba alojada en el Hogar, lo que revelaba que estos vínculos se daban en plena situación de vulnerabilidad.
Los magistrados valoraron que ese primer relato debía tener mayor credibilidad, al provenir de una instancia donde la víctima no había tenido tiempo ni influencia externa para reformular su versión.
Para el tribunal, los posteriores intentos de la víctima de desmentir sus declaraciones —ya en sede judicial y siendo mayor de edad— no lograban revertir la contundencia de aquel primer testimonio, ya que formaban parte del mismo entramado de manipulación que los investigadores habían detectado.
Entendieron que los encuentros relatados no fueron voluntarios, sino resultado de la insistencia permanente del imputado mediante llamados, mensajes y una influencia emocional que aprovechaba su situación de abandono y fragilidad.
Por estas razones, la Corte no descartó los hechos ni absolvió a Cipré. Lo que ordenó fue repetir el juicio para garantizar un proceso con análisis más exhaustivo, una valoración técnica adecuada de las pruebas y un fallo que cumpliera plenamente con las garantías constitucionales.