Una de las causas judiciales en las que está siendo investigado el diputado radical y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Mario Barletta, se inició el 13 de marzo de 2001. Cinco veces el Juez Miño intentó sobreseer a todos los imputados. Cinco veces la Cámara de Apelaciones de Rosario le ordenó seguir investigando y sentar a los denunciados en el banquillo de los acusados. De la última sentencia de Cámara –en donde critican fuertemente la dilación y falta de resolución- ya pasaron más de dos años y no parece haber premura por parte del magistrado.
Edición Límite
La causa (108/2001) se trata de un reclamo de trabajadores de la UNL a quienes no se les abonó durante algunos años un componente de sus remuneraciones. Y a pesar de que la propia Casa de estudios les reconoció dicha deuda y hasta llegó a emitir los cheques para su devolución, una sucesión de rectores se negaron a efectivizar dicho desembolso. Es por ello que Hugo Storero, Juan Carlos Hidalgo y el propio Barletta son, junto a Rubén Nuñez, los protagonistas del expediente.
Con fecha 16 de junio de 2014, los integrantes de la Cámara Federal de Rosario no dejan de ocultar su fastidio por lo actuado por el Juez Francisco Miño y por la fiscal Cintia Gómez durante el “harto extenso proceso”. No es para menos. Se trataba de la quinta vez que Miño pretendía archivar la causa y sobreseer a los imputados, y nuevamente, la respuesta del tribunal superior fue negativa para el magistrado. Una vez más le solicitaban que requiera los antecedentes penales de los cuatro hombres de la UNL, les “pinte los dedos” y los cite para tomarles indagatoria.
Los distintos camaristas se encargan una y otra vez de dejar en claro el poco apego del magistrado y la fiscal en resolver en tiempo prudencial el caso en cuestión: “el expediente atravesó hasta aquí larguísimos años” O subrayar que la Fiscal se tomó más de cinco años en actuar y pedir la indagatoria de los denunciados: “interesa puntualizar que recién en ese momento el Ministerio Público Fiscal dejó de lado la actitud mantenida hasta entonces”. En otro párrafo se destaca que si bien, finalmente Gómez requirió la indagatoria de Storero e Hidalgo, lo hizo “bien que cinco años después de radicada la denuncia”.
Cintia Gómez, que actualmente desempeña sus funciones en la jurisdicción Federal de la provincia de Entre Ríos, además de haber sido fiscal en esta causa, es la esposa de Oscar “Cachi” Martínez, hombre que compitió contra Mario Barletta por la candidatura a intendente de Santa Fe. Si bien Martínez nació bajo el calor del menemismo dentro de las filas del PJ, en aquella oportunidad compitió por fuera de la escudería justicialista, menguando la canasta pejotista de votos y facilitándole la llegada de Barletta a la intendencia de la ciudad Capital. Cachi es hoy funcionario del gobierno de Cambiemos en el Arsat, espacio político al que también abona Barletta.
Nadie la mueve
La Cámara Federal deja en claro que se trata de una causa en la que sólo los denunciantes se dedican a “mover” el expediente. Y a pesar de esto, llegan a reprender al abogado de las víctimas por sus exabruptos contra el juez Miño en sus presentaciones. El doctor Luis María Velázquez sostiene que Miño se comporta “más como un defensor que como juez instructor”. O por ejemplo lo acusa de haber “armado una prueba en evidente protección e impunidad de los defraudadores seriales”.
En una de las tantas veces que la Cámara derrumbó la voluntad del juez Miño de cerrar la causa, le ordenó que se haga cargo él mismo de dirigir la investigación, desligando de dicha tarea a la fiscal. Es que a pesar de demorarse siete años en volver a pedir que los denunciados sean indagados, la Fiscal esposa del Cachi, ya no encontraba sentido alguno en dilatar el paso del tiempo o profundizar alguna pesquisa. Más de 6 años transcurrieron de ese día. El juez nunca sentó a los denunciados en el banquillo para indagarlos por los delitos que se los acusa e investiga.
Dedos pintados
Pero no fueron seis años sin movimientos. El expediente ya superaba las mil quinientas fojas y Miño volvió a concluir que “no había sospecha que justifique indagar a alguien”. Y a pesar de que la Fiscalía ya se había pronunciado en contrario a esta idea, en esta oportunidad “consintió esa decisión”. Pero la Cámara Federal volvió a castigar el fallo y le pidió nuevamente profundizar y citar a indagatoria.
Los delitos que se denuncian en el expediente no son menores: “Abuso de autoridad”, “malversación de caudales públicos” y citando textual la última resolución de la Cámara: “ilícitos que habrían cometido al negar el pago de esa deuda y aplicar los recursos a cancelar sueldos de empleados contratados irregularmente”. O por usar palabras de los denunciantes: “para pagar los salarios de la planta política que se había creado indebidamente en la UNL”.
Tibiamente el juez Miño va empujando el expediente en torno a lo solicitado por la Cámara, Y si bien aún no tomó indagatoria a los denunciados, ya ordenó la extracción de cuatro juegos de fichas dactiloscópicas de los mencionados. Incluso ordenó por escrito que las huellas digitales deben tomarse “previo lavado de manos, entintando parejo y en forma redondeada” para que las tomas no se presten a confusiones. Y también pidió informes a la Afip, la Anses y a la propia UNL que remitan “antecedentes laborales” que acredite a los denunciados como “funcionarios públicos”. Todos estos documentos obran en el frondoso expediente que ya cuenta con una decena de cuerpos acumulados en las repisas del juzgado federal número dos de Santa Fe. Incluso consta entre los papeles oficiales, la impresión del perfil de facebook de Mario Barletta con foto y portada de campaña incluidas.
¿Hasta cuándo?
Mientras Miño requirió el trabajo de una perito contable de Gendarmería Nacional y aceptó un perito de parte solicitado por los denunciados –un empleado de la UNL-, Barletta y Storero solicitaron que la causa sea archivada por prescripción. O sea, porque transcurrió suficiente tiempo sin que la Justicia les endilgue un delito. Miño resolvió en contra de la voluntad de los radicales. Un fallo emitido por otro hombre proveniente de la UNL sentó jurisprudencia al sentenciar que “la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública”.
El último movimiento que registra la causa es bien reciente. Con fecha 2 de junio de 2016 el denunciante, doctor Luis María Velázquez solicita se impugne la pericial presentada por Gendarmería y el contador de la UNL de apellido Haquín. Caída la posibilidad de prescripción, los denunciados buscan excusar el no pago de lo adeudado durante todos estos años, aduciendo a que la Universidad nunca contó con los fondos suficientes para afrontar dicha erogación. Ya la fiscal había ratificado lo contrario hace años y lo mismo vienen sosteniendo los denunciantes.
Velazquez argumenta al respecto en el último movimiento que consta en el expediente: “La mejor documental existente para acreditar este punto, y a la que la misma pericia pidió su acompañamiento, son los “Libros Mayores”, que reflejan los ingresos y egresos. La Universidad se excusó de presentarlos porque no los encontraba”. Y finaliza el escrito volviendo a solicitar que se cite a los imputados a prestar declaración indagatoria e incorporar en carácter de imputado al último rector de esa casa de estudios, Albor Cantard, “en carácter de imputado”. Y desliza una última pregunta al magistrado actuante: “¿Hasta cuándo?”.